La llegada del mes de octubre trae novedades legislativas, a partir del día 2 entran en vigor las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que derogan entre otras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, piedra angular del derecho administrativo.

La Ley 30/92 presenta defectos que a la larga han ido generando zonas oscuras, y por ende inseguridad jurídica, lo que intenta solventar la nueva regulación. Desde la entrada en vigor de ésta, las bases del derecho administrativo pasan a recogerse en dos normas diferenciadas: por un lado, la Ley 39/2015, que se encarga de regular las relaciones entre la Administración y los administrados, y por otro lado, la Ley 40/2015, que recoge el régimen jurídico del sector público, la regulación interna de la Administración.

Las modificaciones más significativas que se producen tienen que ver con la introducción de medios electrónicos en la actividad administrativa. Se convierte en obligatorio tanto para las personas jurídicas como para los profesionales, en sus comunicaciones con la Administración. La presentación de escritos y documentos ha de realizarse de forma electrónica.

Se  crean registros electrónicos, y se introduce el uso generalizado de la firma digital, identificación electrónica, apoderamientos electrónicos…; se crea también la notificación electrónica, como método para solventar el gran problema que en la actualidad presenta la entrega de las notificaciones y su eficacia, en los casos en que no es fácil hacérselas llegar a los interesados. Esta última novedad está siendo muy discutida en el sector, y plantea muchas dudas sobre su eficacia de cara a la aplicación práctica.

Otra de las modificaciones que conviene destacar, es la unificación del cómputo de los plazos en Derecho Administrativo con el resto de ámbitos. Los sábados pasarán a ser días inhábiles.

Entre otras cosas, también prevé beneficios para los denunciados que colaboren con la Administración en asuntos en los que haya varios implicados, como una forma de fomentar la colaboración entre los denunciados y la Administración en aras de agilizar y de dar una respuesta más eficiente a las controversias administrativas.

Será con el paso del tiempo en su aplicación, cuando descubramos si las nuevas leyes cumplen con el propósito para el que se han creado.