Así lo ha decidido la propia Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en vista de la “enorme repercusión económica y social” que la referida Sentencia nº 1505/2018 de 16 de octubre puede ocasionar.
Al mismo tiempo, entretanto decide sobre tal extremo, se insta al Pleno del Tribunal Supremo a dejar en suspenso la resolución de los recursos pendientes sobre la materia.