El pasado 8 de diciembre de 2018 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo por el cual se aprueba el Plan de Empleo Joven para los años 2019 a 2021. Estableciendo una serie de medidas diseñadas bajo un punto de vista integral, que, sin suponer un aumento del gasto, permitan conseguir una mejor integración en el mercado laboral.
Este marco laboral dirigido a los jóvenes se circunscribe en seis ejes:
- Eje 1: Orientación.
- Eje 2: Formación.
- Eje 3: Oportunidades de empleo.
- Eje 4: Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
- Eje 5: Emprendimiento.
- Eje 6: Mejora del marco institucional.
Para el desarrollo de las políticas de empleo joven incardinadas en los anteriores ejes, se establecen una serie de principios rectores adheridos al Plan de Empleo Joven concernientes a:
- Fomentar y actualizar la formación profesional.
- Combatir el abandono escolar temprano.
- Garantizar la igualdad real en el mercado laboral.
- Impulsar actuaciones que puedan conseguir un mercado de trabajo que ofrezca derechos, estabilidad y promoción laboral.
- Garantizar una atención y un proceso de acompañamiento individualizado
- Políticas de inserción laboral destinadas a personas con especiales dificultades.
- Fomentar la seguridad legal y física del entorno laboral.
- Promover el autoempleo y el emprendimiento.
- Contribuir a la movilidad cualificada dentro del circuito emigración-inmigración. Promoviendo el retorno de jóvenes emigrantes.
- Impulsar y promover la colaboración entre los interlocutores sociales.
- Impulsar la colaboración entre los distintos organismos públicos.
Con el objeto de cumplir con los citados objetivos y desarrollarse con base a los principios anunciados, una de las principales medidas adoptadas por el gobierno consiste en la creación de un programa de orientación joven dotado de 3.000 personas técnicas responsables de la orientación. Debido a la necesidad de una red potente de profesionales de la orientación y la prospección profesional que derive en itinerarios personalizados de inserción, mejorando su empleabilidad.
Además, para abordar la problemática de los colectivos de juventud en riesgo de exclusión educativa o laboral, por causa social o territorial; se crearán oficinas territoriales denominadas Red Sij-Injuve de atención a jóvenes vulnerables, dichas oficinas trabajarán de forma coordinada con los Servicios Públicos de Empleo y agencias locales de empleo. Para apoyar esta red, se la va a dotar de 110 mediadores juveniles coordinados con los Servicios Públicos de Empleo autonómico. Y así también facilitar el acercamiento a la población joven en aquellos espacios en los que se encuentra.
Otro colectivo considerado en las medidas del gobierno son aquellas personas jóvenes migrantes, informándoles de las medidas del empleo joven, la situación del mercado laboral y concienciarles de las ventajas de la formación profesional. Especial atención, a aquellas personas migrantes jóvenes menores de edad no acompañadas, dirigiendo un programa a las Comunidades Autónomas que han acogido a un mayor número de estas personas.
Indistintamente, se apoyará en el ámbito educativo la colaboración con las Universidades y Centros de Información y Promoción de Empleo (CIPE) en puntos centralizados de información. Así como, líneas de colaboración con algunas Comunidades Autónomas con el Consejo Superior de Deportes que desarrolla el Programa de Atención al Deportista (PROAD).
Una de los proyectos más enfocados a la preparación para el empleo, son las lanzaderas de empleo, consistiendo en proyectos que se desarrollan mediante la intervención de un entrenador profesional, mejorando las estrategias de auto-postulación de cara a la contratación por terceros o bien mediante la unión de forma colectiva en situación de desempleo con el fin de encontrar un empleo individual o colectivo.
Todas estas medidas van encaminadas a conseguir su eficacia mediante la participación tanto de las Comunidades Autónomas, las provincias y entidades locales. A su vez, también se llevará a cabo la colaboración con las empresas, a efectos de mejorar la competitividad de las empresas a través de la cualificación de las personas, ajustando las competencias de los trabajadores a los requerimientos actuales y futuros del mercado de trabajo.
El enfoque va encaminado a la empleabilidad de los trabajadores con objeto de facilitar sus transiciones tanto hacia el empleo, el desarrollo personal y la promoción profesional. A destacar en este aspecto, las competencias clave de comunicación lingüística, competencia matemática, para aquellas personas jóvenes con un abandono prematuro de la escolarización y para este fin, se establecerán vías de cooperación entre las administraciones laborales y educativas.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido competencias clave (lengua castellana, matemáticas y lengua extranjera). Tiene una vital relevancia la creación de programas para el empleo ligados a la irrupción de nuevas tecnologías y la creciente robotización de la economía y así, dotar de las competencias necesarias a los jóvenes para la inserción en puestos de trabajo de estas características técnicas.
Derivado de ello, se lleva a cabo la creación de programas de formación orientados a la cualificación en sectores estratégicos de la economía, ya sean emergentes o innovadores.
Para que resulten productivos estos programas, se enfocarán también otros con el objetivo de obtener un compromiso de contratación, buscando así una inserción laboral de calidad.
El Plan para el Empleo Joven no olvida a aquellos jóvenes que no han finalizado con éxito sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria, creando los programas de segunda oportunidad, adaptados a sus ritmos de aprendizaje y necesidades específicas.
Uno de los aspectos más innovadores consiste en la creación de la denominada “cadena formativa intergeneraciones”, que tiene como finalidad evitar fracasos formativos, de tal forma que expertos jubilados acompañen a efectos de apoyo didáctico durante su formación a personas jóvenes desempleadas, siendo este un programa basado en el voluntariado.
A su vez, también se desarrollan acciones formativas para la atención de personas jóvenes desempleadas migrantes por parte del personal de las oficinas de empleo y oficinas de prestaciones.
Con objeto de llevar a cabo las anteriores metas, se procurará impulsar convenios de formación en distintas Pymes y Micropymes.
Se potenciará la formación profesional dual por medio del contrato para la formación y el aprendizaje, su utilización por parte de las empresas y que estas posibiliten una mayor y mejor oferta formativa con garantía de calidad y mejores condiciones laborales, permitiendo un seguimiento más efectivo del contrato.
Reforzar la contratación temporal, evitando un uso abusivo de la misma y así estar ajustado a la normativa laboral.
Creación de programas de apoyo para favorecer la inserción laboral y la constitución de redes de apoyo y acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo de las personas jóvenes.
Otra de las medidas relevantes, consiste en la creación de un estatuto legal para regular el desarrollo de las prácticas no laborales, con la finalidad de integrar y regular los derechos de las personas en esta situación.
La atención reforzada y especializada para personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, como sería el caso de las mujeres jóvenes víctimas de violencia de género, personas jóvenes con baja cualificación, personas jóvenes paradas de larga duración, personas jóvenes en riesgo de exclusión social, persona jóvenes con discapacidad, personas jóvenes migrantes y refugiadas, personas jóvenes con responsabilidades no compartidas, entre otras, apoyando tanto el empleo protegido como la transición al empleo ordinario.
Se crearán programas de economía circular, que busquen la transición ecológica, resultando sostenibles. Al mismo tiempo, se prevé la creación de programas de primera experiencia profesional relacionados con la adquisición de la experiencia laboral necesaria con la cualificación profesional.
Un aspecto rotundamente innovador, consiste en los programas de retorno de talento y de apoyo a la movilidad, dirigido a personas jóvenes en el exterior, que incorporan medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento.
Con paralelismo a la situación de marginalidad y de dificultades de algunas personas jóvenes, también se prevé que a nivel territorial en determinadas áreas geográficas de nuestro país en las que existen unas condiciones socio-laborales, económicas o geográficas difíciles se lleve a cabo una oportuna integración social de los jóvenes.
Las medidas encaminadas en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, se estructuran en base a la colaboración con agentes de igualdad, para impulsar el trabajo de agentes de igualdad en favor de las mujeres jóvenes y con dificultades de inserción laboral. Al mismo tiempo, se enfocan medidas que contribuyan al apoyo de startups o proyectos de base tecnológica para mujeres jóvenes. Por otro lado, también se procura el apoyo a la mujer en el entorno rural, sobretodo en acciones formativas.
Se procura fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social de las personas jóvenes, mediante el fomento de acuerdos o convenios con corporaciones locales con el objetivo de fortalecer a las entidades que la conforman. Asimismo, se implementarán medidas que contribuyan a la continuidad de pequeñas empresas familiares con riesgo de desaparecer. Y la creación de puntos de información únicos.
La promoción de políticas de activación e inserción del emprendimiento, el empleo autónomo y las nuevas oportunidades laborales que ofrecen la economía digital y las distintas fórmulas de la economía social, impulsando actividades para realizar programas piloto con empresas de vanguardia con experiencia en programas de startup con la colaboración de incubadoras de empresas.
Un aspecto bastante interesante resulta el derivado de la consecución de convenios de colaboración con organizaciones intersectoriales de autónomos.
En cuanto a las medidas globales de gestión del plan, se dispone la simplificación del registro centralizado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), e incrementar la participación en la gobernanza del SNGJ a través de la mejora de la gestión y gobernanza del sistema con los interlocutores sociales. Y por supuesto, llevar a cabo una comisión delegada de seguimiento y evaluación del sistema de forma periódica. Facilitar el intercambio de información entre las entidades participantes en garantía juvenil, especialmente a lo referido a convocatorias vigentes.
Como colofón final, se pretende el objetivo de gobierno mediante la promoción de la igualdad efectiva de las mujeres y hombres, igualdad de trato y oportunidades por cualquier circunstancia personal y/o social.
