Con la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2023 de 27 de diciembre, se inició la retirada gradual de las medidas en materia fiscal en el ámbito de la energía que se venían utilizando desde 2022.

En su aplicación, desde el pasado 1 de marzo ha dejado de utilizarse el IVA reducido en las facturas de la luz, aumentando del anterior 10% al 21%, medida que se encontraba condicionada al precio de la luz en el mercado mayorista, fijándose en el límite de 45 euros el megavatio-hora que ha sido rebajado en el mes de febrero.

Igualmente, a partir del 1 de abril, y hasta el 30 de junio, el Impuesto Especial sobre la Electricidad pasará del 2,5% al 3,8 %.

En la práctica, estos números trasladados a un hogar con un consumo medio, significarían el aumento en el precio mensual de alrededor de unos 4-5 euros, salvo que sean beneficiarios del bono social eléctrico.

No obstante, debemos tener en cuenta que, si bien los consumidores del mercado libre notarían esta subida al disponer de un precio fijo de la energía, los usuarios con tarifa regulada es posible que en marzo les ocurra lo contrario, al compensar con la estimada bajada del precio para este mes, debido a las condiciones meteorológicas.

Además, se viene aplicando desde el 1 de enero de 2024 una nueva fórmula de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor que igualmente aumentó esta tarifa en un 14 %.

Estos cambios han sido cuestionados al poder considerar que se encuentran basados en un hecho puntual e imprevisible en el tiempo, por lo que aconsejamos revisar las condiciones contractuales con sus compañías eléctricas y no “dejarse llevar” por permanencias duraderas ante precios que, como se ha demostrado a lo largo de la historia, son difícilmente previsibles y estas “bajadas de precio” en el coste de la energía no se trasladan exactamente al consumidor eléctrico, ya que siempre existen unos costes fijos como pueden ser los peajes, cargos y ajustes del sistema, impuestos, canon eléctrico…

Desde Cobo Serrano Abogados contamos con abogados especialistas en la revisión contractual de sus condiciones y facturación, obteniendo importantes éxitos en reclamaciones frente a compañías energéticas, ya sea por discrepancias con las lecturas obtenidas que no respondían a un consumo real, precios incorrectamente aplicados o inclusión improcedente de conceptos en las facturas como el conocido “Tope del Gas”.

 

Área de Derecho Administrativo – Despacho Cobo Serrano Abogados.
Abogados en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.