Cobo Serrano Abogados ha logrado el compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha de incluir a los perceptores de pensiones por incapacidad o jubilación como beneficiarios de las futuras ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de regadío.
Dichas ayudas se regulan actualmente en la Orden de 3 de junio de 2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla – La Mancha, y tienen una gran importancia para la viabilidad económica de las explotaciones de la mayoría de agricultores y jóvenes empresarios -quienes las vienen recibiendo como un auxilio esencial desde su creación por la Unión Europea-. Sin embargo, en nuestra región se ha venido tradicionalmente excluyendo como beneficiarios al amplio colectivo de incapacitados, sin ningún tipo de excepción.
La modificación operada tendrá efectos a partir de la publicación de las futuras bases reguladoras, que incluirán la posibilidad de que los incapacitados accedan a las ayudas agrarias europeas, siempre y cuando aporten una certificación emitida por la Seguridad Social, donde se reconozca la compatibilidad de la pensión percibida con la realización de actividades agrícolas.
El nuevo compromiso de la Administración Regional se ha recogido en la Resolución del Defensor del Pueblo, de 3 de julio de 2017, como consecuencia de la interposición de numerosas quejas donde se recogían las conclusiones alcanzadas en un dictamen jurídico elaborado por los abogados del Área de Derecho Administrativo del Despacho, donde se revelaba que semejante exclusión, vulnera los objetivos que la Unión Europea pretendía alcanzar con la creación y financiación de las ayudas, como el de “fomentar la inclusión social y lograr la igualdad de trato de los agricultores de la Unión, cualquiera que sea su condición”.
Además, en el estudio llevado a cabo, Cobo Serrano Abogados observó que la normativa europea no preveía una exclusión similar, lo que explicaba que Castilla – La Mancha fuese la única Comunidad Autónoma de todo el territorio nacional, en establecer tal limitación.
La circunstancia descrita fue denunciada ante todas las Administraciones nacionales y europeas implicadas, alertando además sobre la existencia de una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por la condición del incapacitado, que expresamente prohíbe la Constitución Española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la jurisprudencia existente en los Juzgados y Tribunales.
Este éxito se presenta como un ejemplo práctico de las grandes oportunidades que brinda a los ciudadanos, la existencia de un mecanismo de quejas y sugerencias ante los Organismos públicos, tal y como aparece previsto en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y en la Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla – La Mancha.
Por todo ello, COBO SERRANO ABOGADOS, aconseja el empleo de estos medios como vía de reivindicación de mejoras en la normativa vigente y en la prestación de los servicios públicos regionales.
Cobo Serrano Abogados
Área Derecho Administrativo
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