El pasado martes 21 de diciembre, el Gobierno, mediante Consejo de Ministros, aprobaba el proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, trasponiendo íntegramente la Directiva europea de insolvencias, siendo previsible que esté lista antes del próximo 30 de junio, y cuyo espíritu es salvar empresas viables en una situación de endeudamiento generado por la pandemia.

El contexto social en que esta norma se ha aprobado es el de una crisis incentivada por la Pandemia de la Covid-19, junto con un duro proceso de recuperación que, en muchos casos, está suponiendo la total quiebra empresarial.

La propia ministra de justicia ha declarado que es una ley estructural y de gran importancia, que tiene como objetivo que ninguna empresa realmente viable tenga que cerrar sus puertas, refiriéndonos con realmente viable a aquellas que tienen mayor valor en funcionamiento que en liquidación.

Esto se hace efectivo poniendo especial énfasis en la fase preconcursal, que pasará a tener un marco más ágil y flexible procedimentalmente hablando, facilitando con ello intercambios de activos o de parte de la empresa por deudas, habiendo creado, además, una nueva figura del “experto en reestructuración”, que aconsejará a los deudores y colaborará ante el órgano judicial en caso de llegar a los tribunales.

Por su parte, los ejes de esta nueva norma son la reestructuración temprana y la exoneración de la deuda a los deudores de buena fe o segunda oportunidad, que consiste en reducir los plazos para alcanzar la exoneración definitiva, pudiéndose optar por la exoneración inmediata mediante liquidación, o un plan de pagos con exoneración provisional.

Otra novedad es la creación de una plataforma electrónica para micro pymes, a fin de que se tramiten los procedimientos concursales seguidos contra estas de forma telemática y sin intermediarios, ahorrando tiempo y costes, de manera que se les aplicará el régimen general con algunas peculiaridades para abaratar costes y simplificar trámites.

Finalmente, cabe destacar que, la moratoria concursal, cuya prórroga llega hasta el mes de junio de 2022, seguirá en vigor durante toda la tramitación del proyecto de ley.