El pasado 25 de junio se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2025, que establece medidas urgentes tras la crisis energética ocurrida el 28 de abril, que afectó considerablemente al suministro eléctrico nacional.
Esta normativa introduce nuevas obligaciones relevantes que afectan especialmente a operadores energéticos, empresas con instalaciones de autoconsumo, movilidad eléctrica, así como a industrias electrointensivas. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Aumento del control regulatorio: Se refuerzan considerablemente las competencias de supervisión técnica y administrativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta ampliación incluye facultades sancionadoras adicionales, procedimientos para la imposición de medidas cautelares y la obligación de cumplimiento inmediato de directrices técnicas nuevas.
- Instalaciones de almacenamiento energético: Se modifican trámites administrativos y ambientales, declarándose la utilidad pública determinados proyectos de almacenamiento energético asociados a fuentes renovables. Sin embargo, estas medidas exigen a las empresas una adaptación rápida a nuevos procedimientos jurídicos-administrativos que deberán aplicarse rigurosamente para evitar sanciones o retrasos en la puesta en marcha de los proyectos.
- Movilidad eléctrica y autoconsumo: Se introduce una regulación específica para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
- Ayudas condicionadas a la industria electrointensiva: Se establece un mecanismo específico para las industrias electrointensivas, incluyendo ayudas sujetas a requisitos estrictos de cumplimiento. Aspectos prácticos y recomendaciones jurídicas para empresas.
Desde una perspectiva práctica y jurídica, es clave que las empresas afectadas:
- Revisen sus protocolos internos y contratos vigentes para asegurar su alineación con las nuevas exigencias normativas.
- Identifiquen los plazos de cumplimiento establecidos por la normativa, adoptando las medidas necesarias para evitar incumplimientos.
- Evalúen cuidadosamente las oportunidades de inversión derivadas de la declaración de utilidad pública de proyectos específicos, garantizando la correcta tramitación administrativa y ambiental.
- Implementen procesos rigurosos de documentación que permitan verificar y demostrar el cumplimiento efectivo de las nuevas obligaciones legales y técnicas, en el caso de resultar necesario.
Desde Cobo Serrano Abogados quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o asesoramiento especializado que pueda necesitar con motivo de la entrada en vigor de esta nueva normativa, ofreciendo soluciones jurídicas adaptadas a las necesidades específicas de su empresa.
Área de Derecho Administrativo – Despacho Cobo Serrano Abogados.
Abogados en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
