Una reciente sentencia aclara que el desistimiento de un procedimiento de contratación no puede responder a razones de mera oportunidad, sino que exige la existencia de una infracción insubsanable debidamente justificada en el expediente.
El Tribunal Supremo ha hecho un pronunciamiento relevante para las empresas que participan en procedimientos de contratación pública, y es que la Sentencia 1080/2026 dictada el pasado 30 de septiembre fija los requisitos que deben concurrir para que una Administración Pública pueda desistir de un procedimiento de adjudicación, delimitando con ello el alcance del artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, establece que la mera existencia de un error no habilita por sí sola a la Administración para desistir del procedimiento, ni esta figura puede convertirse en una vía para abandonar una licitación por simples razones de oportunidad o conveniencia.
En este supuesto, la licitación se encontraba ya en una fase avanzada, habiéndose aceptado la propuesta elevada por la Mesa de Contratación y requerido al adjudicatario propuesto para presentar la documentación correspondiente, posteriormente se detectaron determinados errores en la valoración de un criterio y ello llevó a la Administración a acordar el desistimiento del procedimiento. En este punto, el Tribunal Supremo en su Sala de lo Contencioso-Administrativo partió de la necesaria diferenciación entre dos figuras que contempla la Ley de Contratos del Sector Público que, aunque pueden producir como resultado la terminación del procedimiento, tienen presupuesto jurídicos claramente distintos: la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación.
La decisión de no adjudicar puede adoptarse por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, el desistimiento, por el contrario, queda sometido a una exigencia diferente, debiendo encontrarse fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, cuya concurrencia debe quedar igualmente justificada en el expediente. La importancia de este pronunciamiento reside en la afirmación del Tribunal Supremo cuando dice que el desistimiento no constituye una prerrogativa discrecional de la Administración, sino una potestad reglada que debe responder a razones objetivas, por cuanto su finalidad consiste en permitir que se ponga fin a un procedimiento de contratación cuando en su preparación o tramitación se ha producido un defecto que verdaderamente no puede ser subsanado, evitando así que continúe una contratación afectada por un vicio de esta naturaleza.
La sentencia fija así como doctrina que el requisito que debe observar la Administración para poder desistir es la concurrencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de notificación y publicidad.
Por esta razón, se termina dictando que el desistimiento acordado no fue ajustado a Derecho al no concurrir la causa legalmente exigible, anulando la decisión administrativa y acordando la retroacción de las actuaciones para que el procedimiento de contratación continúe, sirviendo como garantía para los licitadores frente a decisiones de terminación anticipada del procedimiento, evidenciando la importancia de analizar cada resolución a la luz de sus circunstancias concretas pues la identificación de la causa invocada por el órgano de contratación y, especialmente, la comprobación de que su carácter insubsanable se encuentra debidamente justificado puede resultar determinante para valorar la conformidad a Derecho de la decisión y las posibilidad de impugnación.
Área de Derecho Administrativo – Despacho Cobo Serrano Abogados.
Abogados en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.


