En el ámbito del procedimiento sancionador tributario, conviene partir de una idea esencial: la Administración no puede sancionar sin probar los hechos.

¿Sabía que no basta con que Hacienda afirme la existencia de una infracción? Es imprescindible que la acredite, y usted tiene derecho a defenderse mediante la práctica de prueba.

El derecho a la prueba forma parte del derecho fundamental a la defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

En este contexto, existe una consecuencia jurídica clave: la carga de la prueba recae en la Administración. Es decir, no corresponde al contribuyente demostrar su inocencia, sino a la Administración acreditar, de manera suficiente, la comisión de la infracción.

Además, usted tiene derecho a proponer los medios de prueba que estime oportunos: documentación, prueba pericial, testifical… Y la Administración no puede rechazarlos de forma arbitraria. Si decide no admitirlos, debe motivarlo adecuadamente, y únicamente puede denegarlos cuando sean irrelevantes, innecesarios o impertinentes.

Sin embargo, la práctica administrativa no siempre respeta estas garantías. Es frecuente encontrar resoluciones sancionadoras sustentadas casi exclusivamente en informes internos, sin una auténtica actividad probatoria.

Y esta es la clave: sin prueba suficiente, no puede imponerse una sanción válida.

El procedimiento sancionador tributario no es un mero trámite formal, sino un procedimiento sometido a garantías estrictas. Cuando se limita el derecho a la prueba, lo que realmente se vulnera es el derecho de defensa.

Por ello, si usted se enfrenta a una sanción tributaria, resulta fundamental analizar si la Administración ha probado efectivamente los hechos. En muchas ocasiones, ahí reside la clave para su anulación.

Área de derecho administrativo– Despacho Cobo Serrano Abogados.
Abogados en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.