Juzgado de lo Social Nº 1 de Toledo, Autos 1401/2013, Sentencia 252/2014. En la presente sentencia se analiza el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y el posterior subsidio en los supuestos en los que el trabajador realiza actividad por cuenta ajena.

  El Letrado de la actora formula demanda frente al Servicio Público de Empleo impugnando resolución de la administración por la que declaró indebida la cuantía percibida y la condenaba a devolver lo percibido por la prestación contributiva por desempleo y el subsidio para mayores de 52 años un total de 11.139,04€ (4.446,72€ por la prestación de desempleo y 6.692,32 € por subsidio). El motivo que alego el SPEE para extinguir la prestación y solicitar el reintegro se basa en “se comprueba que desde el día 1 de enero de 2009 ha estado realizando trabajos para la empresa “Centro de Investigaciones Sociológicas” sin haberlo comunicado a esta entidad”. Por estos trabajos la parte actora percibió 2.953,3€.

  En la demanda se esgrime, en síntesis, que nos encontramos ante una mera colaboración esporádica que no puede ser considerada trabajo a los efectos del art. 221.1 de la Ley General de la Seguridad Social, pues no existía contrato de trabajo (laboral o mercantil), no hubo alta en seguridad social, las actividades llevadas a cabo fueron puntuales, las retribuciones fueron mínimas y su duración no fue igual ni superior a 12 meses, solicitando con carácter subsidiario que de ser considerada la actuación de la trabajadora constitutiva de un sanción por el SPEE, que esta sea la de suspensión temporal de la prestación, no la más grave consistente en su extinción y devolución.

  Por el Juzgado se admiten los argumentos de este despacho dictando una sentencia en la que se estima la demanda y se decreta no ajustada a derecho la resolución del SPEE, confirmando el derecho de la actora a percibir el mismo, estableciendo en su fundamentación jurídica: Pues bien, lo cierto es en el caso que nos ocupa, de todo el material probatorio obrante en las actuaciones no se desprende cuales fueron las concretas circunstancias en que la parte demandante desarrolló su actividad para el CIS, pues únicamente se ha podido constatar los periodos en que llevó a cabo la misma y la retribución que le fue abonada, desconociéndose toda una serie de elementos fundamentales al respecto, tales como el contrato suscrito (si lo hubo), la jornada pactada, las horas efectivamente empleadas, el lugar o lugares en que desempeñó las actividades, las directrices o pautas recibidas, la persona responsable o coordinadora de la labor de la actora, si ésta tenía algún tipo de autonomía reconocida o facultad para rechazar alguna encuesta, si tenía que alcanzar un determinado resultado cuantitativo, etc..

  Por tanto, no quedando suficientemente acreditadas las circunstancias concretas de la actividad desarrollada por la actora para el CtS, y teniéndose en cuenta que en todo caso nos encontramos ante una actividad de escasa relevancia, tanto a efectos temporales (pues así se desprende de los periodos en que la actora desarrolló su actividad, siempre sin apenas continuidad y algunos de ellos de escasos días), como -sobre todo- a efectos económicos (pues ias remuneraciones, salvo la correspondiente al primer periodo, no superaron los 300 euros, siendo gran parte de las mismas incluso inferiores a los 100 euros), no puede alcanzarse la conclusión sostenida por el SPEE de entender la misma como absolutamente incompatible con la prestación por desempleo, pues:

  a) Por un lado, tal decisión implicaría admitir que la actividad desarrollada por la actora, sin dar lugar a cotización a la Seguridad Social, ni generar derecho a desempleo, ocasiona la extinción del derecho a percibir una prestación por desempleo generada con anterioridad, lo cual no parece razonable ni proporcionado.

  b) Por otro lado, en el peor de los casos para la actora nos encontraríamos ante un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que no sería del todo incompatible con la prestación por desempleo, sino que daría lugar a la minoración en una parte proporcional al tiempo trabajado, minoración que en este caso ni se considera factible (pues no se han aportado elementos objetivos para llevar a cabo tal reducción proporcional, dada la escasez probatoria antes aludida) ni se entiende razonable {habida cuenta de las circunstancias anteriormente mencionadas).

  c) Finalmente, tampoco parece proporcionado que el Servicio Público demandado optara por la sanción más grave de la letra b) del artículo 47.1, prevista para la 3a infracción, y no -en su caso- por lacontemplada para la 1a, de suspensión de 3 meses, prevista para la 1a, pues aunque dicho apartado 1. b) diga “1” , “2”, y “3”, se entiende de su lectura completa que la escala se refiera a “Ia infracción”, “2a infracción” y “3a infracción”, sin que conste, además de ninguna otra infracción por la actora, mala fe u ocultación de datos en su actuación”.